Las principales entidades representativas del sector taurino han expresado de forma conjunta su oposición al nuevo pliego de condiciones para la gestión de la Plaza de Toros de La Misericordia de Zaragoza, al considerar que supone un grave perjuicio para la Fiesta y para una feria de la relevancia del ciclo del Pilar.
La Asociación Nacional de Organizadores de Espectáculos Taurinos (ANOET), la Unión de Toreros, la Real Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), la Asociación de Ganaderías de Lidia (AGL), la Agrupación Española de Ganaderos de Reses Bravas (AEGRB), la Unión Nacional de Picadores y Banderilleros Españoles (UNPBE) y la Fundación Toro de Lidia (FTL) han firmado un comunicado conjunto en el que denuncian diferentes aspectos del nuevo modelo planteado por la Diputación Provincial de Zaragoza.
Entre las principales críticas, las organizaciones destacan que el pliego basa la adjudicación únicamente en la mejor oferta económica presentada, sin tener en cuenta criterios relacionados con la calidad artística, la programación de los festejos o la protección de los aficionados. A juicio del sector, esta fórmula convierte el concurso en una simple puja económica que puede afectar seriamente al nivel de una plaza de primera categoría como Zaragoza.
Asimismo, recuerdan que La Misericordia, por su historia y peso dentro de la tauromaquia, necesita un modelo de gestión que garantice el prestigio de su feria y la adecuada conservación de un patrimonio cultural de interés público.
Otro de los puntos cuestionados es la elección de un contrato patrimonial en lugar de un contrato de servicio público, algo poco habitual en plazas de esta importancia. Según explican las entidades, mientras el contrato de servicio público obliga a velar por la calidad del espectáculo, el patrimonial prioriza únicamente el rendimiento económico.
El comunicado también rechaza las declaraciones realizadas por el presidente de la Diputación Provincial de Zaragoza, Juan Antonio Sánchez Quero, después de responsabilizar al sector taurino de la situación actual y dirigir críticas al empresariado taurino. Las organizaciones consideran estas afirmaciones “injustas” y alejadas de la realidad.
Además, recuerdan que la Justicia ya señaló irregularidades en el pliego redactado inicialmente por la Diputación y subrayan que la Ley 18/2013, que regula la Tauromaquia como patrimonio cultural, obliga a las administraciones públicas a proteger y fomentar esta actividad cultural.
Por último, las entidades firmantes reiteran su compromiso con la defensa de la Feria del Pilar y anuncian la creación de una comisión de trabajo para reunirse con la Diputación Provincial de Zaragoza y estudiar posibles soluciones que permitan garantizar la continuidad de los festejos bajo unas condiciones “transparentes, legales y acordes con la importancia de la plaza”.
