La Tauromaquia mexicana esquiva, por ahora, una prohibición de ámbito nacional. El Senado ha aprobado la nueva Ley General en Materia de Bienestar, Cuidado y Protección de los Animales sin incluir una prohibición expresa de las corridas de toros en todo el país. La decisión, sin embargo, no cierra el debate: el nuevo marco deja en manos de los estados buena parte de la regulación de los espectáculos en los que intervienen animales.
El texto salió adelante en la Cámara alta con 115 votos a favor y uno en contra y ha sido enviado a la Cámara de Diputados, donde deberá continuar su recorrido legislativo.
La nueva normativa reconoce a los animales como seres sintientes y establece un marco común de protección y bienestar, repartiendo competencias entre la Federación, las entidades federativas y los municipios.
Pero el punto de mayor trascendencia para el mundo del toro apareció durante la discusión del articulado. El Senado aprobó una modificación por la que serán los estados quienes regulen la participación de animales en espectáculos deportivos, recreativos y de entretenimiento.
De esta manera, la nueva legislación no incorpora una prohibición federal de las corridas de toros ni de las peleas de gallos. El abogado Salvador Arias, en declaraciones recogidas por EFE, resumió el nuevo escenario con una frase que marca el rumbo de la discusión: «La batalla será en los estados».
El precedente de una prohibición nacional queda fuera
La decisión tiene especial importancia porque el proyecto que se había planteado anteriormente contemplaba expresamente las corridas de toros y novillos entre las prácticas consideradas actos de crueldad que debían quedar prohibidas, junto a las peleas de gallos y de perros.
Ese planteamiento no ha llegado al texto aprobado por el Senado.
La Tauromaquia, por tanto, no desaparece del ordenamiento mexicano por una decisión federal. La situación será ahora diferente en cada territorio, dependiendo de las decisiones que adopten los respectivos congresos estatales.
El nuevo artículo 78 establece además que los espectáculos deberán desarrollarse atendiendo al bienestar de los animales y teniendo en consideración su naturaleza, sus características y la relación que mantienen con las personas y con las actividades en las que participan.
La progresividad abre un nuevo frente jurídico
La ausencia de una prohibición nacional no significa que el futuro de la Tauromaquia mexicana haya quedado despejado.
Uno de los elementos que puede condicionar los próximos años es el principio de progresividad en materia de protección animal. La reforma constitucional de 2024 incorporó al marco mexicano la prohibición del maltrato animal y estableció obligaciones para garantizar su protección, conservación y cuidado.
En la práctica, este principio puede adquirir especial relevancia en aquellos estados que decidan incrementar las restricciones.
Si una entidad establece una determinada protección y posteriormente pretende modificarla para recuperar una regulación menos restrictiva, podría abrirse un debate constitucional sobre si esa decisión supone un retroceso respecto al nivel de protección previamente alcanzado.
No se trata de que cualquier modificación vaya a quedar automáticamente anulada, pero sí de que las futuras decisiones legislativas puedan terminar en los tribunales y convertirse en objeto de controversia constitucional.
Ciudad de México, un precedente cercano
Uno de los ejemplos más significativos se encuentra en Ciudad de México, donde en 2025 se sustituyó el modelo tradicional de espectáculo taurino por una regulación que impide herir y matar al toro durante la celebración.
El futuro de ese modelo podría convertirse también en objeto de debate si una mayoría política decidiera plantear el regreso de la lidia tradicional. En ese escenario aparecería nuevamente la cuestión de hasta dónde permite avanzar o retroceder el principio de progresividad en materia de protección animal.
El mismo razonamiento puede trasladarse a otros estados. Cada nueva restricción que eleve el nivel de protección podría generar un escenario jurídico más complejo si, con posterioridad, se intenta recuperar una regulación anterior.
El mapa taurino mexicano afronta una nueva etapa
El resultado de la votación del Senado dibuja así un escenario diferente para la Tauromaquia mexicana.
No existe una prohibición federal de las corridas de toros en la ley aprobada por el Senado, pero tampoco una garantía de que las reglas vayan a ser iguales en todo el territorio.
La competencia se desplaza hacia los estados y con ella también la batalla política y jurídica. Los congresos estatales tendrán un papel determinante a la hora de establecer qué espectáculos podrán celebrarse y bajo qué condiciones.
Esto puede provocar un mapa taurino cada vez más fragmentado: territorios donde se mantenga la lidia tradicional, otros donde se introduzcan limitaciones y algunos en los que puedan llegar a plantearse prohibiciones.
Para el sector taurino, el desafío cambia de escenario. Ya no se trata únicamente de evitar una prohibición nacional, sino de afrontar múltiples debates legislativos en distintos territorios y, llegado el caso, las correspondientes batallas jurídicas.
El dictamen aprobado por el Senado todavía debe pasar por la Cámara de Diputados, por lo que el proceso legislativo no ha terminado.
México no ha cerrado la puerta a los toros desde la legislación federal, pero el nuevo escenario deja un camino mucho más complejo. La batalla por la Tauromaquia mexicana abandona el terreno de una única decisión nacional y se traslada a los estados, donde cada congreso podrá marcar su propia hoja de ruta dentro del nuevo marco de protección animal.
Y en ese tablero, el principio de progresividad puede convertirse en una de las claves de los próximos años: las decisiones que se adopten ahora no solo determinarán dónde se podrá torear, sino también la dificultad de modificar esas decisiones en el futuro.
