El ataque a la tauromaquia vuelve a llegar desde los despachos, esta vez envuelto en un lenguaje institucional y con el aval simbólico de Naciones Unidas. El anuncio del Gobierno de España de que estudia reformar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para prohibir la asistencia de menores a los espectáculos taurinos no es un hecho aislado, sino un nuevo episodio de una ofensiva política sostenida contra el mundo del toro.
Las declaraciones de la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, ante el Comité de los Derechos del Niño de la ONU en Ginebra, evidencian una voluntad clara: presentar la tauromaquia como una práctica incompatible con los valores contemporáneos, ignorando deliberadamente su condición de manifestación cultural reconocida, regulada y protegida por el ordenamiento jurídico español.
Resulta especialmente preocupante que se invoquen supuestas “pruebas científicas” para justificar restricciones a la presencia de menores en las plazas de toros sin aportar estudios concluyentes, contextualizados ni contrastados. La tauromaquia cuenta con siglos de historia y ha sido vivida, transmitida y asumida generación tras generación sin que exista una relación causal demostrada entre la afición taurina y comportamientos violentos. Reducir el rito del toro bravo a una caricatura simplista es una deshonestidad intelectual.
El toro es el eje de un ecosistema cultural, económico y medioambiental único. La crianza del toro bravo preserva la dehesa, sostiene miles de empleos y mantiene vivo un modelo de relación con el animal basado en el respeto, el conocimiento y la selección genética. Quienes conocen el campo bravo saben que no hay mayor cuidado ni mayor dedicación que la que se dispensa al toro durante toda su vida. Negar esta realidad es negar el propio fundamento de la tauromaquia.
La intención de excluir a los jóvenes de los toros no es una medida de protección, sino una estrategia de erosión cultural. Impedir el relevo generacional es una forma indirecta de prohibición. Si se corta el acceso a la afición desde la raíz, se busca que la tradición se marchite por agotamiento, no por debate ni por decisión libre de la sociedad.
Además, el procedimiento elegido resulta revelador. No se ha contado con el sector, no se han presentado informes técnicos propios, no se ha abierto un diálogo serio con ganaderos, profesionales ni aficionados. En cambio, se ha optado por trasladar una visión sesgada de la tauromaquia a un foro internacional, comprometiendo la imagen de una tradición que forma parte del patrimonio cultural de España.
La tauromaquia no necesita tutela ideológica ni juicios morales impuestos desde instancias políticas. Necesita respeto institucional, rigor en el debate y la garantía de que las decisiones que la afectan no se tomen desde el prejuicio ni desde agendas ajenas a la realidad del toro. Atacar a los toros es atacar a una parte esencial de la cultura española, y hacerlo bajo el pretexto de protección es una forma de deslegitimación que no se sostiene ni cultural ni jurídicamente.
El mundo del toro no pide privilegios, solo justicia. Y, sobre todo, que se deje de utilizar a la tauromaquia como moneda ideológica en una batalla que poco tiene que ver con la cultura y mucho con la imposición.
