El Consejo de Ministros de España ha aprobado este martes un real decreto que modifica el Reglamento de Espectáculos Taurinos con el objetivo de eliminar cualquier resquicio legal que permita la celebración de espectáculos cómico-taurinos que supongan una vulneración de la dignidad de las personas con discapacidad.
La reforma introduce un nuevo apartado en el artículo 90 que establece la obligación de preservar la dignidad humana, prohibiendo expresamente la autorización de eventos basados en la ridiculización pública. Con esta medida, el Ejecutivo pretende reforzar las limitaciones ya contempladas en la legislación vigente.
En paralelo, la reforma de la Ley General de la Discapacidad —actualmente en tramitación— prevé calificar este tipo de prácticas como infracciones muy graves, con sanciones que podrían oscilar entre los 600.000 euros y el millón de euros. El Gobierno considera que estos espectáculos resultan “denigrantes” y contrarios a los derechos y la imagen social de las personas con discapacidad.
Sin embargo, la medida ha generado rechazo entre profesionales del sector, incluidos participantes habituales en este tipo de festejos, quienes denuncian que la prohibición les priva de una actividad laboral que consideran legítima y digna, además de suponer, a su juicio, una vulneración de sus derechos como trabajadores.
Por otro lado, el Ejecutivo ha puesto en valor la continuidad del programa “Pisadas con dignidad”, impulsado en 2022 junto a la Fundación ONCE, que tiene como finalidad facilitar la inclusión social y laboral de personas con discapacidad que anteriormente participaban en espectáculos considerados degradantes.
El real decreto también contempla la creación de la UTAC (Unidad Técnica de Apoyo y Coordinación), un organismo encargado de supervisar el cumplimiento de la normativa europea en materia de accesibilidad, en concreto la Directiva (UE) 2019/882.
Durante la misma sesión, el Gobierno analizó además los dos años de vigencia de la reforma del artículo 49 de la Constitución Española, centrado en la protección y promoción de los derechos de las personas con discapacidad.
